Decenas de mujeres han reportado al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) que agentes encargados de la seguridad en el país llevan a cabo allanamientos en horas inapropiadas, entre la madrugada y el amanecer, utilizando una fuerza desproporcionada que vulnera sus derechos y las expone a situaciones de riesgo.
El Conadeh ha elaborado un informe titulado “Desafíos invisibilizados: violencia de género durante el estado de excepción”, con el propósito de examinar y visibilizar la situación de niñas, adolescentes y mujeres en este contexto, a partir de las quejas recibidas y las formas de violencia descritas por las víctimas en dichas quejas.
Tras un año de estado de excepción, el Conadeh ha recibido más de cien quejas contra agentes del orden por violaciones a los derechos humanos de mujeres y menores.
Específicamente, se han presentado 41 quejas contra la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), 30 contra la Policía Nacional, 23 contra la Dirección Policial de Investigación (DPI), 9 contra la Policía Nacional Preventiva, 6 contra la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y 1 contra la Policía Municipal.
El Conadeh ha calificado como “alarmantes” los niveles de violencia y arbitrariedad perpetrados por agentes de seguridad pública durante la suspensión de garantías.
El informe revela que, entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, se registraron 110 quejas por violaciones a los derechos humanos de mujeres, siendo Francisco Morazán el escenario de 27 quejas, seguido por Choluteca, Atlántida, Cortés, Valle, El Paraíso y Comayagua.
Francisco Morazán y Cortés, los departamentos más inseguros, han estado bajo estado de excepción desde diciembre de 2022.
Durante el estado de excepción, se suspende la inviolabilidad del domicilio, lo que ha llevado a numerosas quejas sobre allanamientos sin orden judicial, afectando especialmente a mujeres y menores.
El Conadeh identificó que, en al menos 38 casos, los allanamientos se realizaron sin orden judicial, y en 33 casos, se maltrató a menores, generando traumas y estigmatización.
Además, se reportaron pérdidas de objetos personales, daños a la propiedad privada y casos en los que las mujeres estaban solas durante los allanamientos, aumentando su vulnerabilidad.
El Conadeh destaca la importancia de estar acompañado durante los allanamientos, lo que reduce el riesgo, y señala que los allanamientos nocturnos crean un estado de indefensión.
El Conadeh también recibió quejas sobre la detención de familiares durante los allanamientos.
El informe concluye que el estado de excepción afecta de manera desproporcionada a mujeres y menores, exacerbando la violencia de género y los obstáculos para garantizar sus derechos fundamentales.
La CIDH ha observado que las medidas adoptadas por países como Honduras para combatir el crimen organizado suelen ser represivas y no tienen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres en este contexto.
