TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y transferencias bancarias fueron parte de la trama de las coimas pagadas por un empresario estadounidense a Roberto Cosenza, exadministrador de la Tasa de Seguridad, para adjudicar contratos de uniformes policiales y otros accesorios.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, de Estados Unidos, Cosenza operó entre marzo de 2015 y noviembre de 2019 con Carl Alan Zaglin y Aldo Néstor Marchena para apoderarse de fondos estatales.
La acusación indica que el exfuncionario hondureño tuvo contacto con ejecutivos de una empresa estadounidense que proveyó indumentaria policial durante el gobierno anterior, la de Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Sin embargo, las compras no fueron del todo legales, sino que permitió sobornos para adjudicar las adquisiciones millonarias, según las pruebas de la Fiscalía.
Por ejemplo, Cosenza, según Estados Unidos, controló dos empresas fachadas para recibir pagos de sobornos: una creada en 2016, en Belice, y la otra constituida en 2017, en Florida.
El exfuncionario hondureño utilizó la cuenta bancaria de la empresa americana para recibir pagos de sobornos de Aldo Nestor Marchena, un estadounidense que reside de Boca Ratón, en Florida.
Además, junto a Cosenza, hay otros exfuncionarios de la administración anterior que ayudaron a obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y a asegurar el pago de los contratos.
La conspiración, según Estados Unidos, tuvo como propósito ofrecer, prometer y pagar sobornos a funcionarios del gobierno hondureño para obtener y retener contratos y recibir pagos de la administración (de ese entonces) del país centroamericano.
Carl Alan Zaglin, Luis Berkman, Bryan Berkman, entre otros, acordaron con Aldo Nestro Machena que este pagara sobornos Cosenza y otros.
El exfuncionario es acusado de tres cargos: (1) conspiración para cometer lavado de activos, (2) lavado de dinero y (3) participar en transacciones con propiedad derivada del delito.
Más de un quinquenio
Las acciones con consecuencias penales en Estados Unidos comenzaron en abril de 2015, cuando ejecutivos llegaron a Tegucigalpa para reunirse con representantes de la Policía Nacional sobre la oferta de una compañía para vender uniformes y accesorios a la Tasa de Seguridad.
Casi dos meses después se ejecutó el primer contrato en el que se acordó proporcionar uniformes y accesorios a la Policía Nacional a cambio de más de 4.8 millones de dólares (118.5 millones de lempiras al cambio actual).
El segundo contrato fue pactado en favor de la compañía de Georgia, Estados Unidos, con la Tasa de Seguridad el 26 de octubre de 2016 para proporcionar uniformes y otros accesorios a la Policía Nacional por 5.6 millones de lempiras (138.3 millones de lempiras al cambio actual).
