La burocracia que impera en el Congreso Nacional ha provocado que ese poder del Estado no pueda hacer elecciones de segundo grado y permitir el funcionamiento correcto de importantes organismos del engranaje estatal.
Una de las formalidades de burocracia, según la Real Academia Española (RAE), es una administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas.
Así puede ser definida la actual situación del Congreso Nacional, de una administración incapaz de llegar a acuerdos entre las fuerzas políticas sobre temas de interés nacional y avanzar con la agenda legislativa.
El propio secretario del CN, Carlos Zelaya, dijo que aunque existen consensos para llegar a mayoría simple, sigue siendo un reto lograr los 86 votos de la mayoría calificada para importantes normativas y nombramientos de altos cargos.
La postura de ambos bandos -oficialismo y oposición- ha provocado una parálisis legislativa que impide que este poder del Estado pueda ejercer su función principal de legislar.
La falta de acción ha causado que el Congreso Nacional no haya podido escoger a miembros restantes de organismos de gran relevancia para que los entes tengan un funcionamiento óptimo como parte del engranaje institucional.
Una señal manifiesta de lo que se avizoraba fue la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en febrero de 2023.
Para ese acontecimiento, a los magistrados salientes se les venció el período el 25 de enero de 2023, fecha en que el Congreso Nacional sesionó, pero no hubo elección por falta de consensos políticos.
Tuvo que pasar alrededor de tres semanas, exactamente el 16 de febrero, para que los diputados eligieran a los 15 magistrados, demostrando que las fuerzas políticas negociaban a su ritmo y sacrificando tiempo que se pudo haber utilizado para debatir otros proyectos de interés nacional.
