El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó este martes una denuncia en la que expone contrataciones irregulares amparados en decreto de emergencia por parte de las exautoridades del Hospital San Felipe de la capital de Honduras, Tegucigalpa.
COMUNICADO
Las autoridades del Hospital General San Felipe (HGSF) intentaron legalizar la adquisición de bienes y servicios proporcionados por una empresa mercantil por casi 14 millones de lempiras, que se hicieron de febrero a septiembre de 2023, sin cumplir con la normativa legal vigente, amparadas en un decreto de emergencia para el sistema de salud.
En el informe «Contrataciones irregulares en el Hospital San Felipe», que presenta el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se explican las diferentes violaciones con las que se pretendía legalizar ocho facturas por bienes y servicios adquiridos con anterioridad y sin cumplir con los requisitos legales, ya que no existen expedientes con la documentación de respaldo.
El decreto ejecutivo PCM 04-2023 que se aprobó el 16 de enero de ese año contiene una prorrogación a la declaratoria de emergencia que autorizó el actual gobierno para atender la calamidad pública por desabastecimiento en medicamentos y material médico quirúrgico esencial» en el sistema de salud.
En el decreto se instruyó a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) emitir una guía rápida de procedimiento para regular las contrataciones directas, que se denominó «Guía del PCM-04″, con el fin de orientar la toma de decisiones.
Sin embargo, las indagaciones revelan que en fecha 18 de septiembre el HGSF inició de manera extemporánea los procesos de contratación directa, CD-09-2023-HSF-SESAL Y CD-10-2023-HSF-SESAL, y uno de licitación privada registrada bajo el número LP-02-2023-HSF-SESAL.
Mientras que el CD-01-2023-HSF-SESAL denominado «Contrato de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio para el Hospital General San Felipe y Asilo de Inválidos» se suscribió el 14 de septiembre, del cual el CNA no encontró la resolución en la que se adjudica formalmente a la empresa mercantil dicho proceso en la página web de la ONCAE, pero sí una nota de las autoridades de la Sesal manifestando que dicho proceso no había concluido. Bajo estas contrataciones se pretendía legalizar las ocho facturas que ascendían a L 13,955,691.43, pero dichos procesos no se apegaban a lo que establecía el PCM 04-2023.
De los cuatro procesos, el CNA encontró tres expedientes en blanco, sin los formularios ni documentos requeridos o información de la empresa contratista. Asimismo, una de las contrataciones inició el proceso, pero no se culminó.
Ante esta situación, se realizaron audiencias de descargo a dos funcionarios involucrados: la administradora Belia Varela y el jefe de compras José Salomón, por lo que la Unidad de Asesoría Legal de la Sesal recomendó la cancelación por despido sin ninguna responsabilidad para el Estado de Honduras.
DENUNCIA
En el desarrollo de la investigación, se determinó que la actuación de los dos funcionarios y del exdirector, Carlos Roberto Murillo Castillo, vulneró lo estipulado en la Constitución de la República, la Ley de Contratación del Estado, el PCM 04- 2023 y la Guía del PCM 04-2023, actuaciones que presentan indicios de la posible comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
