Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Las nuevas autoridades interinas del Ministerio Público han comenzado más locuaces de lo usual, distanciándose del silencio de sus antecesores, y anunciando una persecución penal con dos objetivos centrales: ganar legitimidad con victorias tempranas y de paso ayudar a sus padrinos políticos en el Congreso Nacional a aplacar una crisis institucional que amenaza con socavar la democracia, según los expertos.
Veinticuatro horas después de haber sido juramentados en su interinato, los abogados Johel Zelaya, fiscal general, y Mario Morazán, fiscal general adjunto, se volcaron a dar declaraciones a los medios, difundir fotografías de sus reuniones y empezar a preguntar por casos emblemáticos y estado de presuntos requerimientos.
Ambos indicaron a la prensa que no llegaban a perseguir a nadie, que no responden a intereses políticos sectarios, que son independientes y que harían cumplir la ley y perseguirán el delito “donde sea que se encuentre”. Ambos dijeron que no venían por una persecución política y que buscaban castigar el delito “sin distinción política”.
Locuaces, amables con los medios, dando conferencias conjuntas, y luego simultáneas, uno, desde las instalaciones de Las Lomas y el otro desde el anexo en Comayagüela, donde fueron las antiguas oficinas del Banco Central de Honduras, los nuevos funcionarios inquilinos del Ministerio Público comenzaron a accionar en su estrategia de cambios: se dieron las primeras remociones administrativas con personal con más de dos décadas de trabajar en la institución.
