Exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas y exfuncionarios comparecen ante la primera audiencia inicial.

Titulares

Ricardo Rodríguez, quien previamente ocupaba el cargo de magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), fue acompañado por Santiago Reyes, exsecretario general, y Karen Martínez, exgerente legal de la institución, durante su comparecencia inicial en los Juzgados Anticorrupción de la capital hondureña este jueves.

La presentación de estos individuos se produce después de ser arrestados el lunes en Tegucigalpa, siguiendo una orden de captura dirigida contra cinco personas.

El martes 02 de abril, un juez de letras dictaminó la detención preventiva para el exmagistrado y los dos exfuncionarios del TSC. Todos fueron trasladados a la Penitenciaría Nacional de Támara, mientras que Karen Martínez fue asignada a la instalación carcelaria para mujeres.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCOP), presentó solicitudes de arresto con base en acusaciones contra Juan José Pineda Varela, Ricardo Rodríguez, Douglas Javier Murillo Barahona, Santiago Antonio Reyes Paz y Karen Yadira Martínez, quienes previamente habían trabajado en el TSC. Se les imputa haber ejercido influencia dentro de la institución para beneficiar a terceros a través de auditorías manipuladas.

Las pesquisas fiscales han revelado que los acusados cometieron tráfico de influencias y violaron sus deberes como funcionarios en detrimento de la administración pública.

Los acontecimientos se remontan a noviembre de 2023, cuando una denuncia anónima al Ministerio Público alertó sobre irregularidades en el departamento de Auditorías del Sector Municipal del TSC. Se descubrió que, por instrucciones superiores, se estaban llevando a cabo prácticas irregulares como la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados con finiquitos municipales.

Las investigaciones realizadas por fiscales y agentes de la ATIC confirmaron la existencia de redes de empleados que influían en sus subordinados para emitir resoluciones contrarias a la ley y beneficiar a terceros.