Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura ha empezado a dibujar algunas prioridades de su gobierno cuando asuma el solio presidencial el 27 de enero de 2026, siendo la derogación del estado de excepción y la ratificación del tratado de extradición, dos de los primeros anuncios a ejecutar en materia de seguridad.
El gobernante electo dijo que no era partidario de los estados de excepción permanentes, que prefiere una política integral de seguridad basada en el fortalecimiento institucional. Dejó claro así que en su administración el ilegal estado de excepción vigente no sería parte de sus ejes en materia de seguridad ciudadana.
Honduras tiene desde hace casi tres años un estado de excepción que suspende parcialmente las garantías constitucionales y es aplicado en 226 de los 298 municipios del país. Cuando fue creado en el 2022, el gobierno anunció que su vigencia sería temporal y el propósito era combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana, pero la temporalidad se volvió una medida permanente.
La Constitución de la República señala en su artículo 187 que la suspensión de garantías constitucionales debe ser aprobada por el Congreso Nacional, y desde que se ejecutó el estado de excepción, de los más de una veintena de decretos ejecutivos emitidos, apenas ocho han sido aprobados por la cámara legislativa, y tres publicados en el diario oficial La Gaceta.