Tegucigalpa – “El poder institucional ha descubierto que puede controlar el origen del poder soberano: el voto”, advirtió este lunes la abogada constitucionalista, Ruth Lafosse, quien junto a grupo de académicos y expertos en derechos humanos, derecho constitucional, penal e internacional concluyeron que la crisis constitucional actual derivada de un proceso de concentración de poder y debilitamiento de los contrapesos institucionales.
La opinión jurídica sobre la legalidad y riesgos institucionales del proceso electoral de cara a las elecciones generales reseña que esta concentración de poder deteriora el funcionamiento del sistema democrático al combinar el cierre irregular del Congreso Nacional, la instrumentalización del Ministerio Público, la omisión del Poder Judicial y la expansión militar del Ejecutivo.
Estos factores han generado una ruptura constitucional de carácter material, afectando el equilibrio democrático y vulnerando el Estado de derecho, la separación de poderes y los compromisos internacionales asumidos por el país, con riesgos de regresión autoritaria.
Lafosse indicó que los juristas se han reunido para señalar el riesgo y la crisis de las libertades y la democracia de los hondureños. “Solo siendo libres, demócratas, solo garantizando el equilibrio de poderes y la separación de poderes y garantizando los controles constitucionales podemos lograr al final que el 30 de noviembre tengamos la libertad de ejercer el voto ciudadano.
De acuerdo con el documento realizado por entre otros por Vilma Morales, Sandra Ponce, Marcela Castañeda, Danelia Ferrera, Kenneth Madrid, Félix Ávila, Nelson Castañeda, Ruth Lafosse y Juan Carlos Pérez Cadalso, este proceso electoral se desarrolla en un contexto político marcado por tensiones institucionales, denuncias de interferencia en órganos electorales y acciones estatales cuestionadas por distintos sectores sociales, lo cual incrementa la preocupación sobre la integridad y legitimidad del proceso electoral en curso.
Madrid, portavoz de grupo de juristas indicó que la neutralización del Congreso Nacional constituye uno de los núcleos de la crisis, debido a decisiones unilaterales de la Presidencia que impedirían su funcionamiento regular y deliberativo.
Por otro lado, la desviación de poder en el Ministerio Público ha instrumentalizado la acción penal pública para incidir en procesos electorales, en contravención del principio de objetividad y legalidad, mientras que la omisión del Poder Judicial, al no ejercer con prontitud el control constitucional mediante la resolución de recursos de amparo e inconstitucionalidad, ha afectado su autonomía e imparcialidad, lo cual debilita aún más la función de control judicial indispensable en un Estado constitucional.