La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en su informe “Un año de lucha contra la extorsión en Honduras: evaluando avances y resultados”, reveló que en los últimos cinco años la extorsión alcanzó su nivel más alto en el país.
Según ASJ, los departamentos de Cortés, La Paz, Colón, Yoro y Francisco Morazán concentran la mayor cantidad de víctimas de extorsión en el territorio hondureño, a pesar de la implementación del estado de excepción.
El cual inició el pasado diciembre de 2022 con el objetivo de reducir dicho delito, sin embargo, en las comparaciones con cifras anteriores, se detectó un aumentó en noviembre de este 2023.
Bajo ese contexto, el informe indicó que, en 2018 el Barómetro de las Américas de Lapop señaló un nivel de extorsión de 8.5 por ciento; cuatro años después, en 2022, una encuesta nacional realizada para ASJ por Le Vote reveló que la cifra subió a 9 por ciento y en mayo de 2023, bajó a 8.4 por ciento. Sin embargo, para noviembre de este año la cifra aumentó a 11.1 por ciento.
El informe indicó que la población ha perdido la confianza en la denuncia, pues en 2019 hubo un total de mil 214 denuncias, pero en el 2023 solo han recibido 760.
Indicaron que en el presente año las transferencias bancarias subieron de un 20 por ciento a un 30 por ciento y el pago en billeteras electrónicas pasó de 10 por ciento a un 14 por ciento, pero el efectivo sigue ocupando el primer lugar en la forma de recolección del dinero producto del delito, mientras que la preocupación del ASJ de debe a la manipulación del sistema bancario.
Expertos consultados por ASJ coincidieron que sólo tres de las 30 acciones contempladas en el plan antiextorsión se pueden considerar cumplidas: las reformas a la Ley de Lavado de Activos (derogaciones de los decretos 57-2020 y 93 2021); perfilar, seleccionar y certificar a los miembros de la carrera policial, y la asignación de más de mil millones a la Policía Nacional.
Sin embargo, entre las acciones que aún no concretan figuran: La creación de una comisión integral con policías, fiscales, jueces, Registro Nacional de las Personas, Comisión Nacional de Banca y Seguros, Instituto de la Propiedad, y otras instituciones.
Además de la falta de operaciones estratégicas estructurales y de impacto contra Objetivos de Alto Valor Estratégico y tecnificar procesos de gestión de información y reformas penitenciarias.
Por todo lo anterior, la ASJ recomendó a la Secretaría de Seguridad mejorar e implementar el plan antiextorsión para el combate integral de la problemática que sufre el pueblo hondureño a través de la unión de esfuerzos con los sectores afectados, fiscales, jueces, sector financiero y sociedad civil.
La investigación incluyó la ejecución presupuestaria y frutos del estado de excepción, datos oficiales obtenidos mediante solicitudes de información a instituciones públicas, los resultados de una encuesta nacional de victimización y una encuesta de evaluación del plan aplicada a expertos, entre ellos: policías, fiscales, jueces y militares de alto nivel.
