TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Administración del presidente Joe Biden ve a la presidenta Xiomara Castro como una aliada potencial en los esfuerzos para abordar los factores subyacentes de la migración, sin embargo, algunas de las políticas del gobierno hondureño plantean dudas sobre su compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, combatir la corrupción, fomentar el crecimiento económico inclusivo, dice un informe del Congreso de Estados Unidos.
En el documento sobre la relación de Honduras y Estados Unidos, con fecha 30 de noviembre de 2023, se describe el entorno político y económico hondureño, las secuelas del golpe de 2009, la administración Castro, la corrupción y Estado de derecho, las condiciones socioeconómicas, de seguridad y derechos humanos, así como las relaciones entre Estados Unidos y Honduras, la asistencia, migración, cooperación en materia de seguridad, presencia militar estadounidense, antinarcóticos, seguridad ciudadana, lazos comerciales, flujo del comercio e inversión, preocupación por los derechos laborales y la inversión.
Honduras enfrenta desafíos internos considerables. Las instituciones democráticas son frágiles, las tasas de crecimiento económico y las políticas sociales son insuficientes para reducir la pobreza generalizada y el país experimenta algunas de las tasas de delitos violentos más altas del mundo.
Estos retos interrelacionados han producido inestabilidad periódica y han contribuido a niveles relativamente altos de desplazamiento y emigración durante la última década.
Solo en 2023, la Patrulla Fronteriza detectó a casi 181,000 hondureños que cruzaban la frontera sin autorización. Las autoridades norteamericanas estiman que solo en el 2022 unas 844,000 personas nacidas en Honduras residían en Estados Unidos.
En el documento se pone en duda los intereses del gobierno de Castro de asociarse con Estados Unidos.
Asistencia
Se recuerda que, en el año fiscal 2016, la administración de Barack Obama trabajó con el Congreso para aumentar la asistencia a Honduras como parte de una estrategia destinada a mejorar las condiciones económicas, de seguridad y de gobernanza en Centroamérica.
Luego, el gobierno de Donald Trump suspendió la mayor parte de la ayuda desde marzo de 2019 hasta junio de 2020, lo que provocó que las agencias estadounidenses modificaran o cancelaran muchas actividades a menos de dos años de su implementación.
Trump negoció un acuerdo que permitiría a Estados Unidos transferir algunos solicitantes de asilo a Honduras en un aparente intento de disuadir la migración irregular y aliviar la presión sobre el sistema de inmigración estadounidense.
No obstante, la administración Biden puso fin a ese acuerdo, antes de su implementación, a principios de 2021. Como parte de su estrategia destinada a abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica, Estados Unidos ha propuesto asignar cuatro mil millones de dólares en asistencia a la región, de este monto 136.5 millones serían para Honduras durante el año fiscal 2024, con lo cual se busca ampliar los programas de asistencia.
El gobierno de Biden asignó al menos 126.4 millones de dólares en asistencia exterior a Honduras en el año fiscal 2021; un estimado de 169.2 millones para el 2022 y 141.8 millones para el 2023.
Aunque actualmente “algunos miembros del 118 Congreso han acogido con satisfacción los esfuerzos de la administración Biden para ampliar la cooperación con Honduras, otros han expresado escepticismo sobre la eficacia de las actividades de asistencia de Estados Unidos y preocupaciones sobre las políticas de la administración Castro”, dice un resumen -de 23 páginas- del informe.
A medida que el Congreso se apropia de la asistencia extranjera, considera otras leyes y se involucra en la supervisión de la política estadounidense, puede evaluar los acontecimientos en Honduras y el grado en que el gobierno hondureño está cooperando con los Estados Unidos en materia de migración, seguridad y asuntos comerciales, entre otros temas.
