Tegucigalpa – Dos nuevos escándalos sacuden la institucionalidad de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Uno es más grave que otro porque tiene que ver con la vida de 46 privadas de libertad que fueron ejecutadas presuntamente bajo la responsabilidad de la institución policial, mientras el otro revela una trama en la que una fiscal sustrajo 63 millones de lempiras de una cadena de custodia que estaba en las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).
– El proceso de depuración no siguió el camino que debió continuar y la Policía ha sido permeada por el crimen organizado. Existe una deuda para que la Policía tenga niveles de certificación y que sus funcionarios no ejecuten acciones criminales.
– Las aseveraciones Villanueva se interpretan como una “aceptación tácita” de la participación de agentes policiales en la comisión de violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, aseveró el Conadeh.
– Más que nuevos fiscales, el MP urge de una depuración de su personal, dice el analista Raúl Pineda y acentúa que si las versiones de Villanueva son ciertas “es necesaria una nueva policía”.
Ambas confabulaciones tienen matices surrealistas de las historias propias que se cuentan en series de Netflix, pero que tienen el denominador común que ocurrieron en Honduras, un país donde la violencia les arranca la vida a 10 personas cada día.
El primer caso, lo denunció en las últimas horas la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien aseguró que la Policía Nacional es una de las responsables en la masacre de 46 mujeres en la cárcel de Támara, hecho ocurrido el 20 de junio de 2023.
La alta funcionaria del gobierno, reveló que una gran parte de los cartuchos que fueron percutidos durante ese crimen múltiple, pertenecen a la industria que aprovisiona a la Policía Nacional. Igualmente destacó que parte de las armas utilizadas en la matanza pertenecen a ese cuerpo de seguridad.
Detalló que 15 balas encontradas en los cuerpos de las víctimas, coinciden con las armas utilizadas por el cuerpo del orden público.
La funcionaria reafirmóؚ que gran parte de las armas y municiones que se usaron en el contexto de la matanza de mujeres en Támara pertenecían a la Policía Nacional, aunque también dijo que había armas “gringas, rusas, brasileñas, argentinas entre otras”.
Villanueva apostilló que hay una gama de evidencias que comprometen a la Policía Nacional en la matanza de mujeres recluidas en la cárcel de Támara, más allá de armas y las municiones que se usaron durante el ataque.
Detalló que las pruebas científicas incluyen video, llamadas telefónicas y el retraso en el que se intervino en la escena.
Al momento del ataque, Julissa Villanueva, fungía como coordinadora de la Junta Interventora de las cárceles nombrada por la presidenta Xiomara Castro, en un intento por controlar los centros penitenciarios desde donde se generan muertes, sicariato, extorsiones y una gama de delitos que amenazan la seguridad de los hondureños.
