La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, la fiscalía y el juez Kevin Castel tendrán este miércoles 14 de febrero la audiencia para discutir la información clasificada en el caso del exgobernante, la cual fue solicitada por los abogados de JOH, según informaron medios de comunicación que cubren la fuente en Nueva York.
En la audiencia programada para las 10:00 de la mañana participará solamente la abogada Sabrina Shroff como parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández y la Fiscalía, donde conocerán la carga probatoria contra el acusado.
En las últimas horas, la abogada Sabrina Shroff, se quejó por la imposición de restricciones tardías para conocer la información clasificada que tiene la Fiscalía del Distrito Sur de New York.
Con una carta, Shroff expuso al juez Kevin Castel y al Tribunal “sobre ciertas posiciones” adoptadas por los accionistas (fiscales) de la información clasificada en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández.
Además, Shroff acusa a la Fiscalía después de recibir y revisar la información clasificada, negarse a otorgar a los abogados autorizados la necesidad de conocer y acceder al documento.
“En cambio, los mismos accionistas que aún tienen que desclasificar documentos de diciembre de 2023, a pesar de conocer la fecha del juicio en febrero (2024), sostienen que los abogados defensores autorizados solo se les debe permitir trabajar con el documento en presencia CISO”.
Shroff consideró las “restricciones inaceptables”, pues según ella, no se trata de información protegida ni de alta seguridad.
Igual, alegó en la carta que no se puede restringir el uso de esa información porque el expresidente Hernández nunca fue empleado de las agencias de seguridad de los Estados Unidos y no tiene las mismas restricciones.
No obstante, la decisión sobre si permitir o no el uso de la información clasificada será del juez Castel, quien valorará los argumentos de dos partes y así determinar si procede o no el uso de la información.
Analistas y los reportes de prensa coinciden en que la información está relacionada a instituciones de inteligencia de Estados Unidos (la DEA y la CIA), y por razones de seguridad, las agencias tienen sus reglas, y lo más probable es que la mantengan oculta por cuestiones de seguridad, pero habrá que esperar la decisión del juez.
El alegato de la Fiscalía de Nueva York es que la información es secreta y de seguridad, e incluso podría poner en riesgo investigaciones aún abiertas y operaciones en Honduras y la región.
