La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, señaló que el Partido Libertad y Refundación (Libre) ve en la reciente propuesta una oportunidad para dar la impresión de interés en la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), y para mostrar que la familia presidencial sigue comprometida con esta causa.
Según Castellanos, Libre tiene una gran deuda pendiente con el pueblo hondureño, especialmente en lo referente a la implementación de la CICIH. Además, sugiere que la familia presidencial está anticipando que esta será una demanda principal tanto de la oposición como de sus seguidores.
La exrectora de la UNAH señaló que hace 16 meses, cuando el Gobierno y la familia Zelaya anunciaron la firma de un memorando de entendimiento con Naciones Unidas, no existía ningún acuerdo real, y los mensajes eran simplemente una táctica de presión hacia la ONU.
“Pero eso se agotó, yo creo que no habría cabida para un nuevo memorando de entendimiento, que se vence en julio la última extensión, porque si no hay avances para que la ONU acepte venir en unas condiciones en que realmente puedan trabajar creo que la ONU estaría cayendo en el juego político de Libre”, declaró.
Sin embargo, Castellanos considera que cualquier intento de renovar el memorando de entendimiento sería improbable, dado que la ONU probablemente no aceptaría trabajar en condiciones que no les permitan ejercer su labor de manera efectiva, lo que implicaría caer en la manipulación política de Libre.
La analista caracteriza la propuesta del oficialismo como una manipulación verbal, afirmando que, en esencia, se trata de lo mismo con términos diferentes. Destaca que el proyecto incluye dos condiciones que la ONU ya había rechazado previamente: financiar la comisión con fondos nacionales y que el Fiscal General tenga la autoridad para designar al representante del querellante autónomo.
En cuanto a la primera condición, Castellanos argumenta que quien paga tiene el control, y respecto a la segunda, explica que es contradictoria, ya que no puede ser autónoma e independiente si el Fiscal General tiene el poder de determinar quién actúa como querellante autónomo, lo que la pondría bajo su influencia.
“En el fondo hay un irrespeto al conocimiento y a las personas que entendemos, porque creen que todos somos ignorantes y por lo tanto están empleando categorías que no caben”, opinó.
Para ella, esto refleja un desprecio hacia el conocimiento y la inteligencia de las personas, ya que parece que están tratando de engañar a la población con conceptos que no se sostienen.
