La mañana del jueves, representantes del Ministerio Público (MP), a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), junto con la Procuraduría General de la República (PGR), acudieron al Instituto de Conservación Forestal (ICF) para incautar documentos relacionados con presuntas irregularidades en la emisión de títulos de propiedad para la gestión de áreas nacionales, ahora bajo titularidad privada.
Luis Soliz, responsable del ICF, explicó que las acusaciones presentadas ante las instancias correspondientes se deben a la asignación de dichos títulos para planes de manejo forestal, señalando que la mayoría de estos, aproximadamente el 98%, se concedieron entre 2016 y 2021. Soliz destacó que en 2022 se sumaron nuevos títulos emitidos por el Instituto Nacional Agrario y el Instituto de la Propiedad, enfatizando la continua recepción de un alto volumen de solicitudes de prescripción adquisitiva.
Soliz también señaló que las prescripciones adquisitivas aprobadas por los tribunales o la Corte Suprema de Justicia representan una amenaza significativa para los bosques nacionales, revelando que se han formalizado aproximadamente 256 mil hectáreas, mientras que el ICF gestiona actualmente cerca de 15 mil hectáreas de bosque para planes de manejo. Hizo un llamado a suspender todas las escrituras públicas emitidas bajo estas circunstancias y a investigar a los involucrados en su concesión, tanto funcionarios públicos como particulares.
Por su parte, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA) procedió a requisar 70 archivos en el ICF debido a la supuesta asignación indebida de planes de manejo en Parques Nacionales, con la intención de analizar si estas acciones comprometieron los intereses estatales al violar procedimientos administrativos que protegen el patrimonio natural y forestal de Honduras.
La ley hondureña establece que las áreas forestales nunca deben considerarse tierras baldías o sin uso y no pueden ser destinadas a reforma agraria ni titulación. Asimismo, prohíbe a las municipalidades otorgar títulos de terrenos con vocación forestal a terceros. A pesar de estas disposiciones, autoridades judiciales habrían otorgado alrededor de 5,617.11 hectáreas, contraviniendo la legislación vigente.
La operación de FEMA contó con el apoyo de la PGR, el Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente (C-9) y agentes investigadores.
