El juez de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción Marco Vallecillo en su resolución de audiencia inicial dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para los encausados Héctor Antonio Herrera, Carlos Luis Guevara (actualmente preso por el caso del Mascarillazo) y Daniel Antonio Ardón acusados de fraude a título de cooperador necesario.
Los señalados en este caso fueron remitidos a la cárcel de Támara, Francisco Morazán, donde cumplirán la medida interpuesta.
Las aprehensiones de dos de los encausados fueron ejecutadas el pasado 9 de noviembre por equipos de Apoyo Estratégico, Operaciones Especiales y Comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), capturaron en la residencial Los Pinos, de Santa Rosa de Copán, Copán, se apresó al representante legal de la empresa AG-Industria, Daniel Antonio Ardón, acusado de fraude a título de cooperador necesario y en la aldea El Hatillo, al asesor y administrador de contratos de Invest-H, Héctor Antonio Herrera Flores, acusado por el delito de fraude a título de cooperador necesario.
En este proceso, también se les acusa a las exministras de Finanzas y Salud, Rocío Tábora (con detención judicial por fraude y violación a los deberes de los funcionarios), Alba Consuelo Flores (prófuga de la justicia acusada por fraude y violación a los deberes de los funcionarios) respectivamente.
Asimismo, están en calidad de prófugas la exviceministra de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas Roxana Melania Rodríguez Alvarado acusada por los delitos de fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios y la funcionaria de Invest-H asignada al área de contrataciones y adquisiciones Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, quien es acusada por los delitos de fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.
El Estado a través de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H), pagó mil 174 millones 517 mil 764 lempiras para la compra de los hospitales móviles, proceso que se realizó al margen de la ley para beneficiar a la empresa contratante, de acuerdo a la argumentación del ente acusador del Estado, detalla el requerimiento fiscal en contra de los siete acusados.
En la acción penal presentada, se detalla que se giró orden a la Empresa Nacional Portuaria (ENP) para que traspasara 950 millones de lempiras a INVEST-H, ya que esta última no contaba con el presupuesto para pagar por esos hospitales y plantas de tratamiento.
Señala el Ministerio Público, tal como fue argumentado en otro juicio sobre los mismos hechos, que se realizó una modificación del renglón presupuestario en las instituciones, ya que el dinero estaba destinado para “mejoras viales” y no para compra de hospitales, además se hizo efectivo el pago del 100 por ciento del valor sin requerir ninguna garantía.
Los Tribunales en Materia de Corrupción en otra acusación evacuada condenó al extitular de INVEST-H Marco Bográn por la comisión a título de autor de fraude agravado y Alex Alberto Moraes Girón, por la comisión a título de autor del delito continuado de violación de los deberes de los funcionarios agravada por acciones ligadas a los mismos hechos que ahora se señalan en esta nueva acusación que está siendo conocida en el nuevo circuito jurisdiccional en materia de criminalidad y corrupción.
