Sin servicios de taxis en la zonas de la Kennedy y la UNAH debido al asesinato de un conductor

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Los conductores de taxis suspendieron el servicio hacia la colonia Kennedy y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en protesta por el asesinato de un compañero, relacionado con el pago de extorsión.

El taxista Luis Alfonso Torres Valladares fue víctima de este crimen por no haber cumplido con el pago exigido, según confirmaron otros conductores que diariamente salen a trabajar, sin saber si podrán regresar a casa.

La situación para estos trabajadores es crítica, ya que nuevos grupos criminales están demandando más cuotas de extorsión, de acuerdo con denuncias anónimas. Muchos taxistas y propietarios han optado por permanecer en el anonimato debido al temor por su seguridad.

Se ha reportado que la ruta de la colonia Kennedy ya está pagando varias cuotas de extorsión y no pueden asumir una nueva carga. Esto ha obligado a muchos conductores a dejar su trabajo y emigrar a los Estados Unidos, según el mismo informe.

Los taxistas de este punto de la capital se vieron obligados a detener sus operaciones por miedo a los extorsionadores.

En Honduras, el sector del transporte es uno de los más afectados por este tipo de crimen, aunque la extorsión no se limita solo a este rubro. Las amenazas, homicidios y asesinatos han forzado a muchos a abandonar sus hogares y empleos.

Representantes del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) advierten que, para proteger su integridad y la de sus familias, algunos ciudadanos se ven obligados a huir.

El temor por la extorsión también afecta a emprendedores y dueños de negocios en barrios y colonias de Tegucigalpa, un problema que los analistas consideran una de las mayores plagas que enfrenta el país.

Esta no es la primera vez que los taxistas de la colonia Kennedy suspenden sus operaciones.

Las bandas criminales emplean diversas formas para recolectar dinero producto de la extorsión, afectando a distintos sectores de la sociedad. Uno de los métodos más comunes es la intimidación, que obliga a las víctimas a pagar cuando su seguridad o la de sus familias está en peligro, según un informe reciente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Esta actividad criminal frena el crecimiento económico y afecta la estabilidad de las familias, iniciando generalmente con amenazas a comerciantes a través de llamadas telefónicas de desconocidos.

Autoridades del Observatorio Nacional de la Violencia subrayan la necesidad de fortalecer la investigación criminal para combatir eficazmente la extorsión y la delincuencia común, que siguen afectando gravemente al país, incluso bajo el estado de excepción en algunas áreas.