Un grupo de aproximadamente cien familiares de personas detenidas en El Salvador bajo el régimen de excepción, en vigor desde marzo de 2022, demandó este martes el cese de los abusos y detenciones arbitrarias, al cumplirse dos años desde la implementación de la medida.
Los manifestantes, agrupados en el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), presentaron sus reclamos ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Asamblea Legislativa, además de marchar por las calles principales de San Salvador con pancartas y mensajes defendiendo la inocencia de sus familiares.
Luis Roberto Villeda expresó a EFE su “angustia” por las muertes de personas bajo custodia estatal, que suman más de 200. Villeda relató que su hija, de 26 años, fue detenida en julio de 2022 y liberada en diciembre del mismo año, pero nuevamente detenida en febrero de 2024.
Mirna Flores también manifestó su preocupación por la detención de Maura Patricia Larios, su cuñada, quien fue arrestada en enero sin que su familia conozca las razones ni su estado actual.
El Movir señaló en un comunicado que “la violencia estatal desplazó a la violencia delincuencial” y culpó al presidente en licencia, Nayib Bukele, de prolongar la medida excepcional de manera indefinida, lo que ha resultado en numerosas víctimas inocentes de la violencia estatal contra los ciudadanos.
El régimen de excepción, implementado en El Salvador desde marzo de 2022, se originó tras una escalada de homicidios que cobró más de 80 vidas en tres días, convirtiéndose en la política más popular del gobierno de Bukele. La medida ha resultado en más de 79.000 detenciones y más de 6.000 denuncias de abusos, incluidas torturas y detenciones arbitrarias, además de la muerte de más de 200 personas bajo custodia estatal.
